El despacho ofrece asistencia ante actuaciones de la Administración que afecten derechos individuales o colectivos. Se formula y dirige todo tipo de recursos administrativos, se impugnan sanciones, denegaciones de licencias o autorizaciones, y se ejercen reclamaciones patrimoniales contra la Administración Pública. Se presta también asesoramiento a particulares y entidades en trámites urbanísticos, expedientes sancionadores y procedimientos de responsabilidad administrativa. Cuando se agotan las vías administrativas, se prepara la estrategia contencioso-administrativa, evaluando pruebas, informes y normativa aplicable. El enfoque es técnico y garantista, con especial atención a los plazos, requisitos procedimentales y fundamentación jurídica. El objetivo es controlar legalmente las actuaciones públicas, defender los derechos del ciudadano y asegurar el cumplimiento del principio de legalidad.