En el ámbito contencioso-administrativo, el despacho actúa frente a decisiones y actuaciones de la Administración Pública que vulneran derechos o intereses legítimos. Se preparan demandas ante los juzgados y tribunales competentes, tras agotar la vía administrativa. Las materias abordadas incluyen sanciones, urbanismo, contratación pública, licencias, subvenciones y responsabilidad patrimonial del Estado. Cada caso se estudia con profundidad jurídica y se acompaña de una estrategia probatoria sólida. Se prioriza la protección de los derechos del ciudadano frente a posibles abusos administrativos, garantizando la defensa efectiva en juicio. La experiencia procesal y el conocimiento especializado permiten una intervención rigurosa, orientada a obtener resoluciones favorables y al restablecimiento de la legalidad vulnerada.